Más de G. 2.200 millones costó el contrato del Museo de la Economía del Paraguay
Por MUPA: Voces de Museos y Patrimonios
Acorde a una solicitud de información presentada por MUPA: Voces de Museos y Patrimonios, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el Museo de la Economía y Finanzas, instalado en la planta baja del Palacio Alegre, tuvo un costo contractual de G. 2.210.688.000 (unos USD 370.000).
La institución busca reconstruir la historia económica del Paraguay con énfasis en la generación de energía eléctrica y en las actividades agropecuarias, dos componentes centrales de la estructura productiva del país, teniendo en cuenta su acervo y la propuesta museográfica.
Sin embargo, la narrativa presentada se olvida de fenómenos económicos de enorme relevancia histórica y contemporánea: el contrabando, el comercio fronterizo y la economía informal, que tuvieron un peso significativo en la dinámica comercial y en los medios de subsistencia de amplios sectores de la población.
La ausencia de estos procesos resulta especialmente llamativa en un museo que pretende ofrecer una mirada integral sobre la economía paraguaya, y plantea una pregunta relevante sobre los criterios de selección aplicados al construir su relato histórico: qué actividades fueron incorporadas, cuáles quedaron fuera y con qué fundamentos.


El proyecto fue financiado con recursos de Itaipú Binacional e implementado mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en coordinación con el MEF. La cifra corresponde al Contrato N.º 01/2024, destinado al proyecto ejecutivo, equipamiento y montaje del museo.
La documentación obtenida por MUPA no permite afirmar la existencia de una irregularidad contractual. No obstante, sí revela varios aspectos que requieren mayor documentación para evaluar la ejecución y los resultados de una inversión pública de esta magnitud.
Los Términos de Referencia muestran que los G. 2.210 millones no correspondieron únicamente a obras físicas, como había afirmado en su momento la funcionaria Sonia Rivas a nuestro medio. Rivas forma parte de la Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones, Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas.
El contrato incluyó el diseño arquitectónico y museológico, elaboración del guion, diagnóstico de piezas, museografía, vitrinas, mobiliario, iluminación, sonido, equipamiento electrónico, cartelería, infografías, audiovisuales, juegos interactivos, montaje y capacitación del personal.
El pago se dividió en seis productos: 30 %, 20 %, 18 %, 10 %, 20 % y 2 %.
Los dos primeros productos (anteproyecto y proyecto ejecutivo arquitectónico y museológico) representaron conjuntamente el 50 % del contrato, equivalente a G. 1.105.344.000. El MEF informó a MUPA que los seis desembolsos fueron realizados luego de la verificación y aprobación de cada producto.
Para comprobar documentalmente esa ejecución, MUPA considera relevante acceder a los productos entregados, informes de fiscalización y actas de aprobación correspondientes.
¿Cuántos oferentes participaron?
El adjudicatario fue el arquitecto Enio Aníbal Varela Verón, mediante la Invitación a Licitar IAL/01001830/001/2023, publicada en el portal del PNUD. El MEF informó que se trató de un proceso de licitación y que el proveedor fue seleccionado conforme al pliego correspondiente.
La información recibida por MUPA no permite establecer cuántos oferentes participaron, qué puntajes obtuvieron ni cómo se produjo la evaluación comparativa de las propuestas. Tampoco se entregó, dentro de la respuesta analizada, el expediente completo de evaluación.
Esto no permite afirmar que haya existido falta de competencia, pero sí plantea una cuestión concreta de transparencia: ¿cuántas ofertas fueron recibidas y por qué fue seleccionada la propuesta adjudicada?
Un equipo profesional con requisitos específicos
Los TdR exigían experiencia considerable para el personal clave. El coordinador general debía acreditar diez años de carrera, experiencias en espacios culturales y al menos tres experiencias en proyectos de museos. Para el profesional museólogo, se exigían diez años de carrera profesional y diez experiencias en manejo de piezas u obras museológicas, además de formación especializada. También se establecieron requisitos específicos para profesionales de iluminación, electricidad, sonido y producción de paneles e infografías.
El museólogo contratado fue Luis Lataza. El MEF informó que el museólogo fue presentado como personal clave dentro de la oferta técnica del adjudicatario y que no existió un concurso independiente para ese cargo.
La documentación disponible no permite verificar todavía quiénes fueron todos los profesionales propuestos ni cómo acreditaron las experiencias exigidas en los TdR.
¿Cuánto costó realmente ponerlo en funcionamiento?

Los G. 2.210 millones corresponden al contrato analizado, pero los propios TdR establecen que determinados trabajos quedaron fuera de ese monto.
El MEF debía hacerse cargo, entre otras cosas, del acondicionamiento del espacio. Entre esas tareas se encontraban la pintura, la climatización, el desmontaje y arreglo de pisos, además del desarrollo de la página web y el código QR. También debía obtener los objetos museográficos destinados al recorrido. Muchos de estos objetos fueron obtenidos en calidad de préstamo de otras instituciones.
Por ello, el costo contractual del museo no necesariamente equivale al costo total de su puesta en funcionamiento. Ese dato todavía no está disponible en la información recibida por MUPA.
Actualmente, el museo depende del Departamento de Ceremonia y Protocolo del MEF. De lunes a viernes, cuenta con dos funcionarios de atención al público y uno de seguridad. Los sábados y feriados trabajan entre cinco y seis funcionarios rotativos de otras dependencias.
El MEF señala además que el museo no posee un presupuesto mensual específico y que su mantenimiento está incluido en el contrato general de mantenimiento de edificios del Ministerio.
Otro dato particularmente relevante es que, ante la consulta sobre metas de impacto educativo, cultural y social, el MEF respondió que “no se establecieron indicadores cuantitativos de medición”.
Los TdR, sin embargo, planteaban objetivos amplios: educación, cultura, inclusión, sostenibilidad, divulgación de la historia económica y una experiencia interpretativa, multisensorial e interactiva.
Sin indicadores previamente definidos, resulta más difícil determinar con parámetros cuantitativos si esos objetivos fueron alcanzados.
¿Quién evaluó los contenidos?
Según la respuesta oficial, la curaduría y los contenidos fueron propuestos por el museólogo de la empresa contratista y posteriormente evaluados y aprobados por el Viceministerio de Economía y Planificación. La documentación entregada a MUPA no identifica una instancia externa o independiente de evaluación de los mismos.
Esto no permite cuestionar por sí mismo la calidad de la propuesta curatorial. Sin embargo, nuevamente se plantea una cuestión relevante desde la perspectiva museológica: ¿qué criterios especializados se aplicaron para evaluar la pertinencia histórica, museológica y educativa del relato y de qué manera se documentó esa evaluación?
Con la documentación disponible, MUPA puede establecer el costo contractual, el objeto de la contratación, el proveedor adjudicado, la estructura de pagos y las condiciones generales de operación.
Pero quedan pendientes documentos fundamentales para una evaluación completa: el expediente de evaluación de ofertas, los informes de fiscalización, los productos entregados, la documentación que acreditó la experiencia del personal clave, el costo de los trabajos adicionales asumidos por el MEF y los datos de visitantes y evaluación de resultados.
No se trata de afirmar irregularidades donde los documentos no las demuestran.
Se trata de una cuestión básica de rendición de cuentas museológica: si se invirtieron más de G. 2.200 millones en crear un museo público, la ciudadanía debería poder conocer no solo cuánto costó, sino también qué se entregó, cómo se verificó y qué resultados está produciendo.
Nota de la Editora: MUPA pone a disposición de los lectores los documentos en PDF remitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas en respuesta a las solicitudes de información realizadas para esta investigación, de modo que puedan consultar directamente la documentación y sacar sus propias conclusiones.
